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El pasado 12 de mayo, entró en vigor la reforma del artículo 34.9º del Estatuto de los Trabajadores a tenor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de Medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, relativo a la obligación empresarial de registrar diariamente la jornada laboral de sus trabajadores, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia horaria, así como de crear un marco de seguridad jurídica tanto para los asalariados como para las compañías y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En los últimos años, se vienen desarrollando en España, negocios de comercialización y distribución de CBD, que es el componente que se extrae del cáñamo y de la marijuana, destinada a usos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios, con un contenido inferior al 0,2 % de THC; sustancia psicotrópica de la marihuana y que determina si su uso es legal, desde el punto de vista de la normativa española y europea.

La reciente Ley 11/2018 de 11 de diciembre ha introducido importantes modificaciones respecto de la L.S.C., que seguidamente comentamos.

Son muchos los clientes que en los últimos meses han llamado a nuestra puerta con una ejecución hipotecaria que les pesaba sobre sus hombros, so riesgo de perder en veinte días, si no se oponían formalmente en el proceso judicial, su casa y con ella todas sus vidas, tras años de disputa sobre las condiciones que integran su hipoteca en los Juzgados.

Al ejecutado se le subasta la vivienda en tanto que garantía del capital pendiente de devolución del préstamo hipotecario en cuestión que, a menudo, incluso supera el valor de la misma finca; lo que supone que tras la adjudicación se siga debiendo todavía dinero al banco.

El Juzgado de primera instancia nº 11 de Oviedo ha dictado el pasado día 23 de marzo de 2018, una importante Sentencia, declarando la nulidad por vicio del consentimiento de la compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital del año 2016, lo que permitirá a los demandantes recuperar la totalidad de la inversión que realizaron, junto con los intereses y las costas del proceso.

 

El próximo día 25 de mayo de 2018, entrará en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que introduce importantes novedades en la materia

Este es un tema que cada vez nos afecta más: el típico chat colectivo con la familia, con tíos y primos del pueblo, otro con los amigos, compañeros de trabajo, padres y madres del AMPA, el equipo de fútbol de veteranos, y hasta otro para organizar la barbacoa del domingo o la despedida de soltera de tu mejor amiga. Acabamos todos inmersos fácilmente en cinco o seis grupos, incluso en algunos que llegan a invadirnos por su insistente y molesta actividad o en los que interactuamos con gente a la que ni tan si quiera conocemos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a la vista de las primeras reclamaciones, ha establecido de diciembre de 2017 los límites a la protección de la esfera privada en los colectivos de mensajería instantánea.

Muchos de nosotros nos preguntamos qué es y cómo saber si tenemos una hipoteca llamada multidivisa, ahora que Tribunales y prensa hablan tanto de ello. 

Tras la primera Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona, han sido varias las Audiencias Provinciales que a lo largo de los últimos meses se han ido pronunciando en el sentido de anular los acuerdos que muchos bancos han propuesto a sus clientes tras el escándalo de las cláusulas suelo, con el fin de regularizar el tipo de interés aplicable –limitando los efectos al 2013- bajo el compromiso del consumidor de no reclamar judicialmente por el resto.

 

Tras unos años de discusión y un par de artículos de por medio en los que ya les veníamos informando de la nulidad el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (el IIVTNU o la llamada popularmente plusvalía municipal), en tanto en cuanto no generase precisamente una plusvalía respecto del incremento del valor del terreno en relación al precio de adquisición de la vivienda en cuestión y el precio por el que ahora se transmitía, y habiéndose declarado ya nulo el impuesto en la medida que gravaba de igual forma situaciones distintas, estábamos a la espera que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la cuestión de constitucionalidad al respecto.

Y es que no solo se planteó que el tributo fuera nulo, en según que circunstancias, sino que la disposición legal per se, la previsión de la Ley, fuera conforme a la Constitución; que son cosas distintas.

El tema no es banal. Se calculan alrededor de seis millones de personas hipotecadas en España con posibilidad de cuestionarse si pueden reclamar y, lo más importante, si pueden llegar a recuperar, los gastos de formalización de su hipoteca o crédito hipotecario; y los datos apuntan que, al menos, de cada reclamación se recuperarán como poco 3000.-€.

Vender un piso por debajo del valor de tasación por el que lo compramos hace quince años es, última y lamentablemente, algo habitual. Pero es también una realidad que el precio de la vivienda a principios del 2000, en plena burbuja inmobiliaria, y ahora, es distinto. El problema reside en tener que pagar un tributo, que teóricamente grava el incremento del valor del terreno urbano, cuando éste no sólo no “incrementa” sino que incluso llega a bajar, obligando al propietario a vender su casa por un precio inferior por el que en su día la adquirió.

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